La Junta de Andalucía quiere privatizar el acceso al paraje natural del río Chíllar amparándose en su masificación

En la Sierra Almijara, que tiene un pie en Málaga y otro en Granada, un cahorro es un desfiladero en la roca caliza que se estrecha hasta el metro de anchura y por el que discurren las aguas bravas del río. En el Chíllar, que nace al pie del monte Piedra Sellada y desemboca en Nerja (Málaga), los cahorros se elevan hasta 20 metros dando paso a cascadas y pozas de agua cristalina. Son tan espectaculares que hace tiempo que transitar su cauce dejó de ser un placer exquisito para unos pocos enterados y se convirtió en actividad de masas. Hasta el verano pasado, había días en que más de 3.000 personas transitaban el tramo más cercano a la desembocadura, entre Nerja y Frigiliana.

El río, que desde Cómpeta salva un desnivel de 1.200 metros en apenas 17 kilómetros, está esquilmado por la explotación de pozos ilegales, el uso intensivo de los acuíferos y el trasvase de parte de su caudal hacia la Axarquía occidental, azotada por la sequía. Su biodiversidad lleva años menguando, según quienes lo conocen: las rapaces forestales han dejado de anidar, se ha destruido el hábitat de numerosas especies de insectos acuáticos (fuente de alimentación de vertebrados protegidos, como el sapo partero bético), y el pisoteo ha acabado con especies vegetales protegidas como el Galium viridiflorum.

La solución propuesta por la Junta de Andalucía para acotar a las masas consiste en entregar el control de acceso a una empresa privada. El proceso está pilotado por la delegación territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Aguas y Desarrollo Rural, que ha abierto un trámite de competencia de proyectos y cuenta ya con una propuesta, según la cual entrar costaría entre 6 y 12 euros, con un tope de 500 senderistas al día.

La consejería de Desarrollo Sostenible dice no saber nada, a pesar de que el río se sitúa en el parque natural de las sierras Tejeda, Almijara y Alhama. No se ha realizado evaluación de impacto ambiental, y el proceso va a regirse por la normativa sobre dominio público hidráulico y no por la de protección del parque (el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector del Parque Natural). El enclave es también Reserva Natural Fluvial, Zona de Especial Protección para las Aves, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000.

El ayuntamiento de Nerja, municipio donde se situaría el acceso y por el que transcurre la mayor parte del cauce masificado, es ajeno al proceso. “El ayuntamiento solicitó un control de acceso en reiteradas ocasiones porque había informes de Protección Civil y Guardia Civil señalando que era peligroso por la masificación y el riesgo de incendios, pero nada más”, según un portavoz, que aclara que la fórmula ha sido elegida por la Junta de Andalucía. 

La Consejería de Agricultura no ha respondido a las cuestiones planteadas por este medio. El departamento que dirige Carmen Crespo asumió las competencias sobre el agua en este segundo Gobierno de Juan Manuel Moreno. Para eso, hubo que retirarlas de Desarrollo Sostenible.

Ecologistas: “Un sistema mercantilista inadmisible” que no arregla el problema

Para Ecologistas en Acción, que lleva años pidiendo medidas que salven al Chíllar del turismo de masas, la propuesta aboca al río y su entorno a convertirse en un “parque temático” orillando la protección de los valores naturales. Se trata de un “sistema mercantilista, inadmisible en un espacio natural sostenido con fondos públicos”, sostiene Rafael Yus, su portavoz en la Axarquía, quien pide un estudio para determinar qué actividades lo dañan, un informe técnico para saber cuántos visitantes puede soportar y el cierre del Chíllar hasta que se recupere. A su juicio, la entrada de unas 60.000 personas de junio a septiembre es una amenaza existencial para el cauce y su ecosistema.

La entrega del control de acceso de un dominio público a una empresa privada que cobra un precio es una solución atípica. Ni la consejería de Agricultura ni la de Sostenibilidad dan otros ejemplos. En Málaga ocurre en el Caminito del Rey, cuyas entradas gestiona la UTE Sando-Salzillo-Grupo Mundo. A cambio, mantiene la infraestructura (con un gasto mínimo del 46% sobre las ventas brutas) y paga cada año un canon de 289.000 euros a la Diputación de Málaga (titular de la pasarela) y otro de 31.000 euros por ocupar monte público. En Navarra, entrar a la Selva de Irati exige una tasa pública de mantenimiento, variable en función del vehículo con el que se acceda. Otras comunidades autónomas piden permisos, restringen el aforo o cobran por aparcamientos limitados, pero no cobran por acceder.

Yus, que representa a las entidades ecologistas en la Junta Rectora del parque, cree que la pretensión del Gobierno andaluz no soluciona el “desmadre” que lleva años denunciando ni solventa el riesgo de incendios en un enclave que tiene mucho de “ratonera”. Ese fue, precisamente, el motivo esgrimido para cerrar el acceso el pasado verano, igual que en alguna ocasión anteriormente. “¿Esto desaparece poniendo un control con taquilla de entrada?”.

En 2019 el ayuntamiento de Nerja empezó a admitir que aquello se ha ido de las manos, y que el cauce no está hecho para soportar el trasiego diario de miles de senderistas. Pero la idea quedó aparcada hasta que este año el consistorio volvió a clausurar cautelarmente el cauce. Y se deslizó una cifra límite: 300 personas al día. ¿Por qué esa o la que propone la empresa (500)? No se sabe, porque el estudio de capacidad de carga no se ha entregado a Ecologistas en Acción. Tampoco a este medio.

A pesar de la trascendencia del paso, el proceso se está llevando sin la participación de actores relevantes. La consejería de Sostenibilidad, responsable del parque, asegura no estar informada del proceso. La Junta Rectora, máximo órgano de participación pública en un parque natural, debe emitir informe sobre los planes que “afecten a los recursos naturales del Parque y a la conservación de sus valores singulares”, pero no hay constancia de que haya sido consultada. Y Yus, con asiento en la Junta Rectora, se enteró tras la publicación en el BOJA, el pasado 14 de diciembre.

De 6 a 12 euros por entrada, y sin canon

Allí se da cuenta de la solicitud presentada por Hermanos Campano, S.L., que pide autorización para ocupar el Dominio Público Hidráulico “con la finalidad de ejecutar actuaciones para control de visitas turísticas y organizar actividades en el cauce del río Chíllar”. A partir de esa fecha, Hermanos Campano y otras empresas tienen un mes presentar sus proyectos al detalle.

 

De momento, Hermanos Campano plantea cobrar entre 6 y 12 euros a los visitantes, limitados a 500 personas al día entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre. El precio incluiría un seguro, y la empresa se compromete a crear una página web, perfiles en redes y una “imagen corporativa del río Chíllar”, limpiar y adecuar los espacios abiertos, adecuar una zona de descanso e instalar una caseta de control. Ni rastro de un canon. Preguntada por los criterios con los que evaluará los proyectos que se le presenten y el órgano encargado, la consejería de Agricultura no ha respondido.

Hermanos Campano fue la encargada de explotar comercialmente el Caminito del Rey desde 2016 a 2021. Fundada en 1989 en Ardales (donde se ubica el Caminito) y dirigida hoy por cinco hermanos, tiene negocio en el transporte o la construcción, pero en los últimos años ha crecido gracias a proyectos públicos de restauración del patrimonio histórico. La lista de sus intervenciones en espacios emblemáticos es amplísima: la fachada de la Fábrica de tabaco, el Arco de la Macarena y la Torre de Don Fadrique, en Sevilla; el teatro romano de Acinipo, en Ronda; el castillo de Priego de Córdoba; y el patio de butacas del Teatro Cervantes, las excavaciones de los cines Astoria y Victoria, la chimenea de Los Guindos, la Iglesia de los Mártires, el Teatro Romano y el Convento de San Andrés, en Málaga. Ahora afronta la restauración de las cubiertas de la Catedral de Málaga, una obra emblemática valorada en casi 13 millones de euros. No tiene experiencia en la gestión de espacios naturales.

“No tiene ningún sentido que se haga cargo de esta tramitación una Consejería que ni tiene competencia, ni conocimiento sobre las estrategias de conservación de los valores naturales de este paraje”, señala Yus, quien pide el cierre del Chíllar salvo a grupos reducidos con interés científico o de conservación o que, en su defecto, al menos sea la Consejería de Sostenibilidad la que evalúe el impacto de privatizar el acceso, ponga condiciones y vigile su cumplimiento.