La Junta de Andalucía que lidera el popular Juan Manuel Moreno Bonilla vuelve a estar en el centro de las críticas. Tras utilizar Canal Sur para su "promoción personal" en las elecciones europeas, ahora FACUA ha denunciado que la autoridad de Consumo de la administración está permitiendo que las inmobiliarias que se saltan la ley de Vivienda se puedan quedar con el "dinero defraudado". También acusan al gobierno regional de interponer sanciones por debajo de las cantidades ingresadas "ilegalmente" así como de calificar una infracción leve una irregularidad que está tipificada como grave. La organización de consumidores ha anunciado que va a recurrir la multa.

Moreno Bonilla y la ley de Vivienda

"La autoridad de Consumo de la Junta de Andalucía pretende zanjar la primera multa contra una inmobiliaria notificada a FACUA por el cobro de comisiones a los inquilinos con una sanción cuyo importe es inferior a lo ingresado ilegalmente por la empresa por alquilar un solo piso". Con esta frase comienza la acusación pública que ha realizado la organización de consumidores FACUA sobre la actuación del Gobierno de Moreno Bonilla.

Y es que todo comenzó precisamente por una denuncia presentada el pasado año 2023 al respecto de la actuación con las inmobiliarias cobrando comisiones a los inquilinos en alquiler, incumpliendo así la ley de Vivienda, que introdujo una modificación en la normativa de arrendamientos urbanos por la que se prohíbe el cobro de cualquier tipo de honorarios a los mismos.

Ahora, un año más tarde, la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Salud y Consumo ha calificado como infracción leve esta situación, lo que para FACUA es una irregularidad que la ley tipifica como grave. Además, a una de las empresas que estaban en el proceso, llamada Adamas Home, le ha permitido que "se quede con todo el dinero defraudado".

En concreto, la multa para esta compañía es de 1.000 euros, algo que califican de "ridícula" y además se encuentra en la parte baja de las destinadas a las infracciones leves, que la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establece en un arco de entre 200 y los 5.000 euros.

Por ahora, tal y como señala la organización, esta es la única multa de la que FACUA ha tenido conocimiento sobre todas las que denunciaron en junio de 2023 así como que ninguna comunidad autónoma ha hecho pública hasta la fecha ninguna otra frente a estas prácticas. Asimismo, FACUA critica que, en caso de reconocer las irregularidades y asumir el pago de la multa desistiendo de interponer un recurso, la citada empresa "se beneficiaría de un descuento del 40% en su importe, por lo que la sanción por cobrar honorarios a inquilinos se reduciría a 600 euros". 

"FACUA considera inexplicable que Consumo haya tipificado la infracción como leve cuando se dan dos circunstancias por las que el artículo 72 de la ley autonómica de defensa de los consumidores establece que deben considerarse graves. Así, no son irregularidades fruto de un error sino cometidas voluntariamente, tratándose además de una práctica habitual de la empresa en sus alquileres de viviendas y de no un caso puntual", asegura la entidad sin ánimo de lucro.

FACUA anuncia recurso sobre la sanción

Ante esto, la asociación ha anunciado su intención de presentar un recurso para exigir a Consumo que califique la infracción como grave y eleve la cuantía de la sanción -que va de 5.001 a 60.000 euros-, además de incluir en ella el comiso del beneficio ilícito obtenido por la inmobiliaria con el cobro de honorarios a los inquilinos

.FACUA denuncia que aunque presentaron la denuncia en junio de 2023, la Junta no ha inspeccionado a la citada inmobiliaria hasta cuatro meses después. "Una inspección en la que constataron que las irregularidades se continuaban produciendo, ya que exigía a los inquilinos el pago de una comisión equivalente al importe de “una mensualidad de la renta más IVA", según recoge el acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador que ha notificado Consumo.

De hecho, en la inspección se detectaron hasta seis infracciones, todas ellas clasificadas como leves y para las que se plantean una multas de 1.000 euros. Por ejemplo, Adamas Home "no disponía de hojas de reclamaciones, no exhibía el cartel anunciador de su existencia ni tampoco el que debe informar de que el consumidor tiene derecho a una copia del documento informativo abreviado de la vivienda". Tampoco ninguna de las viviendas de segunda mano que publicitaban en su escaparate disponía de certificado de eficiencia energética ni documento informativo abreviado.